- Un aspirante recurre a la vía judicial y logra que el Juzgado anule la valoración del tribunal calificador, forzando la repetición de actuaciones.
- Víctor Ferreira denuncia la opacidad: “No nos han facilitado la Sentencia que les obliga a incluir a cuatro excluidos, mientras el Tribunal Superior de Justicia desmonta su farsa sobre el magistrado de lo Social”.
- El coste del desastre judicial: 1.500 euros de costas por este contencioso y casi 600 euros por la recusación fallida. ¿Quién paga estos 2.100 euros? Los mierenses, con sus impuestos, para cubrir los errores de quienes toman las decisiones.
El PP, denuncia la falta de rigor del equipo de Gobierno de Mieres, que ha recibido dos nuevos golpes judiciales.
Por un lado, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo ha dictado una sentencia que obliga al Ayuntamiento a retrotraer las actuaciones en el proceso de selección de quince plazas de Oficial Conductor. La resolución es consecuencia directa del recurso presentado por un aspirante al que el tribunal calificador no reconoció su experiencia profesional.
Auto acusación: Auto recusación anonimizado
El Concejal Víctor Ferreira explica el caso con claridad: “Este trabajador prestó servicios como oficial conductor para el Ayuntamiento, pero se vio obligado a acudir a la Justicia para que le fuera reconocida oficialmente su categoría profesional superior. Cuando el Consistorio convocó las plazas, el tribunal calificador decidió ignorar el periodo de desempeño de funciones, comprendido entre julio de 2020 y febrero de 2022, al que el propio Ayuntamiento le había obligado a ir al Juzgado. La negativa a valorar estos servicios alegando una supuesta falta de ‘certificado de servicios’, despreciando una sentencia judicial que ya había dictaminado el ejercicio efectivo de esas funciones, ha sido calificada por el juzgado como un formalismo excesivo e irregular que vulnera los principios de mérito y capacidad”. La resolución judicial, contundente, anula la valoración del tribunal y fuerza al Consistorio a retrotraer las actuaciones para ponderar correctamente esta experiencia.
Para el edil popular, Víctor Ferreira, esta sentencia deja en evidencia no solo la chapuza en materia de personal, sino también la opacidad deliberada de este Gobierno. “Hace tres semanas, un despacho de abogados publicó en redes sociales que habían obtenido una sentencia por la que cuatro excluidos del mismo proceso debían ser incluidos. Solicitamos esta sentencia en la Comisión de Personal hace dos semanas y el Gobierno la sigue sin facilitar”, denuncia Ferreira.
Ferreira también fue contundente al señalar que “Es inevitable percibir —y denunciamos con preocupación— que existe un doble rasero: mientras se pone la alfombra roja y se facilitan las cosas a quienes profesan afinidad política con el equipo de Gobierno, a aquellos trabajadores que no orbitan en torno a sus intereses se les somete a un calvario judicial. De haber tenido esa misma afinidad con Izquierda Unida, nos tememos que el reconocimiento de sus derechos no habría necesitado de la intervención de los tribunales. Este retrato de opacidad y enchufismo es el que lastra la credibilidad en los procesos de selección municipal”
Sentencia: Sentencia contencioso conductor
El Ayuntamiento de Mieres intenta culpar a los jueces de sus propias derrotas
Esta nueva derrota se suma al reciente correctivo del TSJA. Durante meses, el Ayuntamiento se escudó en la supuesta parcialidad del Magistrado de lo Social de Mieres para justificar sus desastres, intentando sin éxito recusarlo. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Asturias ha desestimado la recusación, calificándola de infundada y dando un “rapapolvo” al Consistorio. Ferreira destaca: “Ya no cuela la excusa de culpar al Magistrado de lo Social. Primero fue el TSJA quien desmontó su farsa de la recusación, y ahora el Contencioso-Administrativo les devuelve a la realidad”.
Un historial de sentencias que los mierenses pagan a precio de oro
Ferreira advierte que estos episodios son parte de un patrón:
“El Ayuntamiento ha sido condenado tanto por el despido nulo de un profesor de violín-viola como por sancionar a otro docente. En este último caso, el juzgado anuló el expediente sancionador porque buscaba castigar al trabajador por haber defendido su posición en otro procedimiento, vulnerando sus derechos fundamentales. Sin embargo, el Equipo de Gobierno mintió en el Pleno en el que se preguntó sobre ello, aduciendo que sólo se había perdido la Sentencia por una caducidad del procedimiento, cuando no era así.
Hace un par de semanas, también conocíamos la Sentencia por el corte de agua ilegal en Villar de Gallegos, cuya falta de rigor el juez calificó de “notoria”.”
Exigencia de responsabilidades
Ante esta acumulación de derrotas y la opacidad, el Partido Popular exige responsabilidades inmediatas. “Estas 2 nuevas derrotas le van a costar a los mierenses dos mil euros ¿Quién paga estas costas judiciales? ¿Los responsables de Izquierda Unida con su sueldo? No, lo pagamos todos los mierenses. Alguien debe asumir responsabilidades: o los servicios jurídicos contratados no asesoran bien, o quienes toman las decisiones ilícitas ignoran el derecho. No permitiremos que Mieres sea el cortijo donde la ley se ignora a costa del bolsillo de los ciudadanos”, ha concluido Ferreira.
Víctor Ferreira
Concejal PP Mieres
En Mieres a 7 de junio de 2026
