El Ayuntamiento de Mieres corta el agua a un vecino que no adeudaba ni un recibo y el PP exige responsabilidades inmediatas
Saul Villarin 
- La Justicia anula el decreto municipal y condena en costas al Consistorio por dejar sin suministro vital a una familia en Villar de Gallegos actuando con una “notoria falta de rigor”.
- Víctor Ferreira (PP) denuncia la hipocresía de Izquierda Unida: “Obligan a la gente a pagarle el agua a los okupas bajo amenaza de cárcel, pero ellos se la cortan a los vecinos que pagan religiosamente
- Este atropello se suma a los recientes varapalos judiciales por vulnerar derechos fundamentales de los trabajadores municipales, con un coste para las arcas públicas superior a los 30.000 euros.
El Partido Popular de Mieres ha exigido hoy la asunción inmediata de responsabilidades políticas tras una contundente sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo N° 6 de Oviedo, que ha condenado al Consistorio gobernado por Izquierda Unida por cortarle ilegalmente el suministro de agua a una familia en Villar de Gallegos que no debía ni una sola factura.
El calvario burocrático comenzó en mayo de 2024 cuando el dueño del inmueble —fallecido antes de ver que la Justicia le daba la razón— solicitó un simple cambio de titularidad. Aprovechando el trámite, el gobierno local le exigió, bajo amenaza de dejarle sin agua, que sacara el contador fuera de la finca. El vecino aportó fotografías demostrando que el aparato ya se encontraba en la fachada exterior del cierre, dentro de un armario perfectamente visible y accesible con la llave universal del servicio de aguas municipal. Sin embargo, la administración hizo oídos sordos, le ocultó los informes técnicos, no respondió a sus alegaciones y ejecutó “por las bravas” el corte del suministro vital.
Vía libre al okupa, persecución al vecino
El concejal del Partido Popular, Víctor Ferreira, ha sido implacable al evidenciar el doble rasero de la formación política que gobierna Mieres: “Es el colmo de la hipocresía y de la desvergüenza moral. A nivel nacional, Izquierda Unida bloquea sistemáticamente cualquier ley antiokupación. Provocan así que propietarios desesperados no solo pierdan su casa, sino que tengan que seguir pagando la luz y el agua a quienes les okupan la vivienda, ya que si se atreven a cortar los suministros se enfrentan a penas de cárcel por coacciones”.
“Para sus okupas hay barra libre y derechos blindados”, continuó Ferreira, “sin embargo, aquí en Mieres, ese mismo partido político le corta el agua, retorciendo la ley y pisoteando sus derechos, a unos vecinos que no adeudan ni un recibo y que cumplen con todas sus obligaciones ciudadanas. Son los cómplices de la okupación, pero los verdugos de las familias honradas”.
Un párrafo demoledor: “La falta de rigor es notoria”
Esta persecución vecinal ha recibido un durísimo reproche judicial. La magistrada dedica en la sentencia un párrafo que desde el PP califican de “demoledor para la decencia democrática de la institución”.
Textualmente, el fallo concluye: “La falta de rigor por el Ayuntamiento es notoria, no ofrece explicaciones al propietario sobre dónde ha de colocar el contador, no contesta a sus alegaciones, no le da traslado del informe del fontanero municipal, realiza una interpretación sesgada de la Ordenanza municipal y dicta una resolución que no hace referencia a todo lo expuesto por el propietario (…) provocando una situación de indefensión”.
Un “modus operandi” de abusos que pagan todos los mierenses
Desde el Grupo Municipal Popular advierten que este atropello vecinal no es un error puntual, sino parte del modus operandi del gobierno de IU. Cabe recordar que el Ayuntamiento acumula recientes condenas judiciales, como la vulneración de los derechos fundamentales de un trabajador de la Escuela de Música (cuyo despido nulo y readmisión costó al pueblo más de 30.000 euros), o la sufrida por otro trabajador de la misma Escuela, donde se sancionó a un empleado como burda represalia por cómo se había defendido de otro expediente previo completamente surrealista.
“Es inaceptable que la cabezonería, la persecución y el sectarismo de este gobierno municipal la paguemos de nuestro bolsillo todos los mierenses. Mieres no se merece un Ayuntamiento que persigue a sus trabajadores y ahoga a sus vecinos mientras el Partido que lo sostiene, a nivel nacional, protege a quienes se saltan la ley”, concluyó Ferreira.
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