El PP de Mieres denuncia una nueva condena judicial al Ayuntamiento por contratar a cuatro personas que no contaban ni con la ESO
Saul Villarin 
El Partido Popular de Mieres ha denunciado una nueva derrota judicial del Ayuntamiento de Mieres en materia de personal, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Asturias haya confirmado íntegramente la sentencia que anuló la contratación de cuatro oficiales conductores que no reunían el requisito mínimo de titulación exigido en las propias bases de la convocatoria.
La resolución confirma que cuatro de las personas contratadas carecían del título de Educación Secundaria Obligatoria o de una titulación equivalente exigida para acceder al proceso selectivo, por lo que ordena su exclusión, la elaboración de una nueva lista de seleccionados y la incorporación de los tres aspirantes que debieron haber obtenido plaza desde un primer momento, con efectos económicos y administrativos retroactivos.
Sentencia Oficiales conductores CENDOJ
Además, el Tribunal Superior de Justicia desestima el recurso presentado por el Ayuntamiento y condena a la Administración municipal al pago de las costas procesales, fijadas en 600 euros más IVA, es decir, 726 euros, que volverán a salir del bolsillo de todos los mierenses.
El concejal del Partido Popular, Víctor Ferreira, asegura que “esta sentencia es un nuevo bofetón judicial a la gestión del Gobierno de Izquierda Unida. No hablamos de un defecto administrativo menor, sino de que los tribunales han confirmado que el Ayuntamiento contrató a cuatro personas que no reunían uno de los requisitos básicos e imprescindibles de la convocatoria”.
Ferreira recuerda que “esta no es una sentencia aislada, sino una más de una larga cadena de reveses judiciales en materia de personal que ya le han costado al Ayuntamiento decenas de miles de euros entre indemnizaciones, costas, honorarios y las consecuencias derivadas de tener que corregir decisiones que nunca debieron adoptarse”.
“Lo verdaderamente preocupante es que parece que aquí nunca pasa nada. Se acumulan las condenas judiciales, se gasta dinero público para defender decisiones que acaban siendo tumbadas por los tribunales y nadie asume la más mínima responsabilidad política.”
El edil popular también denuncia la falta de transparencia del Gobierno municipal respecto a esta resolución.
“Solicitamos expresamente esta sentencia en la Comisión Informativa de Personal del pasado mes de mayo. Sin embargo, y quizá porque ya sabían el varapalo judicial que contenía, el Gobierno municipal decidió no facilitarla a los grupos de la oposición, rompiendo la práctica habitual seguida hasta ahora. Hemos tenido que acudir a la base de datos del Consejo General del Poder Judicial para acceder a una Sentencia que afecta directamente al Ayuntamiento y al dinero de todos los vecinos.”
El Partido Popular también critica “el silencio de la inmensa mayoría de las organizaciones sindicales ante los continuos escándalos judiciales que afectan al personal municipal”.
“Salvo CSIF, que sí ha alzado la voz en distintas ocasiones, el resto de organizaciones sindicales mantiene un silencio difícilmente justificable mientras el Ayuntamiento va acumulando condena tras condena. Quien calla ante este despropósito acaba convirtiéndose en cómplice de una forma de gestionar los recursos humanos que los tribunales están corrigiendo una y otra vez.”
El concejal popular recalca que el Ayuntamiento ha convertido la sede municipal en un lugar donde “la ley es opcional si el aspirante es un enchufado”. Ferreira recuerda que el Gobierno municipal ha intentado todo para eludir sus responsabilidades, incluso protagonizando un episodio esperpéntico al intentar recusar sin éxito al Magistrado de lo Social de Mieres, recibiendo un duro correctivo del propio TSJA que calificó la maniobra de infundada.
Ferreira concluye señalando que “los vecinos de Mieres merecen una Administración seria, que cumpla sus propias bases, respete los principios de igualdad, mérito y capacidad y deje de convertir los juzgados en una prolongación del Ayuntamiento. Cada derrota judicial supone un nuevo descrédito institucional y un nuevo coste económico que terminan pagando todos los mierenses.”
Víctor Ferreira
Concejal PP Mieres
En Mieres a 10 de julio de 2026
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